El precio en el mercado inmobiliario del terreno que ocupaba la antigua Diputación Regional rondaría los 25 millones de euros
Cuando se van a cumplir diez años desde que el Gobierno de Cantabria encargase al prestigioso arquitecto Rafael Moneo el diseño del edificio destinado a albergar la mayor parte de la Administración regional, al proyecto le sobrevuela el certificado de defunción.
El nuevo Gobierno que preside Ignacio Diego ha constatado que la construcción del edificio, valorada en 55 millones de euros en la última estimación efectuada hace un año, es insostenible a corto o medio plazo. Resulta más práctico y más urgente hacer caja con el solar que ocupaba la antigua Diputación Regional y con el dinero resultante hacer frente a la penuria que se ha manifestado en tantos frentes: desde las dificultades financieras para cumplir con las nóminas de los funcionarios hasta los 4,3 millones que se adeudan por el cheque-libro, la paralización de las inversiones o la incertidumbre que se cierne en torno a los Presupuestos regionales para 2012.
El futuro del ‘edificio Moneo’ ya estaba muy en el aire al final de la anterior legislatura. La excusa era entonces la demora en la aprobación del Plan de Ordenación Urbana de Santander (PGOU), pero en realidad era la brutal crisis económica lo que amenazaba al proyecto, reformulado a la baja en dos ocasiones por el famoso arquitecto, con las facturas correspondientes por el diseño inicial y por las modificaciones posteriores.
Ahora ya no hace falta coartada. El Gobierno regional no sólo no se puede permitir el gasto sino que se propone mejorar su tesorería con los beneficios que pueda proporcionarle el solar surgido tras el derribo, en la primavera de 2009, de la antigua sede de la Diputación Regional, situado en la mejor zona del centro de Santander.
El Ejecutivo ya ha sondeado a algunas constructoras importantes, de Cantabria y también de fuera, para evaluar el alcance de la operación. Fuentes del sector consultadas por este periódico calculan que, a partir de la calificación del terreno como zona residencial, el aprovechamiento de la volumetría permitida para viviendas y plazas de garaje, el solar de Puertochico podría valer en el mercado inmobiliario unos 25 millones de euros. Otra cosa es que la recesión económica actual pueda frenar inversiones de esa envergadura.
La calificación urbanística del solar de Puertochico resulta una complicación añadida, no insalvable, pero tampoco exenta de dificultades. El terreno, de casi 9.000 metros cuadrados de superficie, figura en el borrador del PGOU de Santander como una zona de equipamientos. Para ser recalificado como residencial sería necesario compensar a la ciudad con otro área de equipamientos, y también dotar al área de Puertochico, de las zonas verdes y otros servicios que ya estaban contemplados en el ‘proyecto Moneo’. La primera obligación no supone, en principio, mayores complicaciones, pero la segunda sí, porque esta zona tan céntrica de la capital cántabra no deja muchas alternativas.
Presidencia del Gobierno
La opción de olvidar el ‘proyecto Moneo’ y ofrecer el solar de la vieja Diputación al mercado inmobiliario entra dentro de una revisión general del patrimonio inmueble y de la logística administrativa que lleva a cabo el Gobierno del PP.
Una de las prioridades es la reducción del presupuesto de alquileres de dependencias en Santander y su entorno, que actualmente se cifra en unos seis millones de euros anuales, mediante el aprovechamiento de edificios
Una de las opciones que se manejan, conocida en los últimos días, es la de trasladar todos o gran parte de los servicios de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio a la sede de la empresa Apia XXI en el Parque Científico y Tecnológico (Pctcan), que pasaría a ser propiedad de la Administración mediante una permuta.
Otra operación que se estudia es el traslado de la Presidencia del Gobierno. Se ha valorado la sede del Banco de España, clausurado el 31 de mayo, pero se considera más adecuado el edificio de Correos, que podría pasar a la Administración regional tras la eventual privatización de este organismo público.
